En el sector de los seguros y la previsión social, la integridad de las prestaciones es fundamental para la sostenibilidad del sistema. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las compañías aseguradoras se enfrentan a un desafío constante: el fraude, que solo en España supone pérdidas de cientos de millones de euros anuales. Ante este escenario, la investigación privada no es solo un recurso adicional, sino un pilar estratégico para la detección y prevención de conductas ilícitas.

Recurrir a detectives privados permite a estas entidades:

• Verificar la veracidad de siniestros y lesiones: Los investigadores actúan como verificadores de hechos, comprobando si las secuelas declaradas tras un accidente o las circunstancias de un siniestro son reales o fingidas.
• Combatir el fraude en incapacidades: En casos de bajas laborales (Incapacidad Temporal) o pensiones de invalidez, los detectives aportan pruebas gráficas y documentales sobre actividades incompatibles con la dolencia declarada, ayudando a frenar el absentismo fraudulento.
• Obtener pruebas con validez judicial: Los informes emitidos por estos profesionales, habilitados por ley, tienen la consideración de testimonio documentado y son ratificados ante los tribunales, proporcionando a las mutuas una base legal sólida para sancionar irregularidades.
• Optimizar recursos y rentabilidad: Al identificar reclamaciones improcedentes, las aseguradoras protegen su patrimonio y pueden ajustar mejor las primas y coberturas para el resto de sus asegurados.